1806. “Lista de los Individuos matriculados en el ilustre y Real Colegio de Abogados de México”

México: Mariano Zuñiga y Ontiveros, 1806.

16º (13,5 x 7,5 cm): [1]h., 62 p.  Plena piel de época; listón dorado enmarca las tapas; ornamentos florales en lomo; guardas pintadas a mano; cantos teñidos en rojo. Interiores limpios y conservados.

En la Corte y Real Audiencia de México solo podían litigar los letrados pertenecientes al ilustre y Real Colegio de Abogados de México, fundado en 1760. Así, se dio licencia al Colegio para imprimir y difundir en lugares públicos para que el público y los funcionarios conocieran los nombres de los sujetos matriculados

Al frente de la corporación estuvo entre 1806 y 1811 don Antonio Torres Torija; quien era bien visto por sujetos francamente conservadores como Agustin Pomposo Fernandez y San Salvador y Basilio Jose Arrillaga, y otros que fueron insurgentes o pro-insurgentes coma Torres Catano, Benito Jose Guerra, Francisco Primo Verdad, Flores Alatorre, Bustamante, Juan Nazario Peimbert, Julian de Castillejos, Lopez Matoso, Azcarate y Felix Lope de Vergara, e incluso Beye de Cisneros

No puede negarse que las individuos del colegio fueron protagonistas en los sucesos que culminaron con la independencia. En julio de 1808 el Ayuntamiento de Mexico, frente a los graves sucesos de la metropoli, elaboro la famosa representación en que se sostenía que, en ausencia del rey, la soberanía residía “en todo el reino, y las clases que lo forman, y con mas particularidad en los tribunales superiores que lo gobiernan”  Dos miembros del Colegio de Abogados, Primo de Verdad y Azcarate, impulsaron la propuesta (junto con Melchor y Talamantes), la cual de alguna manera sirvió de base para que en las reacciones siguientes se radicalizara o se matizara esta posición. Poco después, en la junta de 9 de agosto, presidida por el virrey; con la presencia de todos los funcionarios del reino, se proclamó rey de España y de las Indias a Fernando VII y se juró lealtad a la Casa de Borbon, al tiempo que se desconocían a las autoridades impuestas por los franceses. Se convino en que el virrey era el legal y verdadero lugarteniente del rey, y el encargado de la conservación y defensa del reino y que la Audiencia, los demás tribunales y autoridades se mantenían en sus facultades. Entre las firmas esta la del licenciado Antonio Torres Torija como representante del Colegio de Abogados.

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